Estados Unidos, Pese a la petición de aplazamiento de México, las ONGs, y las dudas sobre el juicio, Texas ejecuta al mexicano Édgar Tamayo

Personas se reunieron afuera del centro Penitenciario Walls, en Texas, en apoyo al mexicano Édgar Tamayo. Foto Reuters

El gobierno de México pidió una revisión del caso. El Departamento de Estado de EE.UU. solicitó un retraso en la ejecución. La Corte Internacional de Justicia de La Haya acusa a Estados Unidos de violar normas de derecho internacional. La familia del condenado esperaba una llamada de última hora que evitara su muerte.

Sin embargo, nada de esto funcionó. El mexicano Édgar Tamayo Arias fue ejecutado ayer miércoles en Texas con una inyección letal, a pesar de los intentos diplomáticos y judiciales de última hora que intentaban evitar su muerte.
Édgar Tamayo, de 46 años, recibió la inyección letal 9:15 pm (hora local) en la cámara de la muerte de Huntsville, en Texas, y fue declarado muerto a las 9:32 pm, 17 minutos después, informaron las autoridades.
Amnistía Internacional (AI) condenó la ejecución de Édgar Tamayo Arias, ocurrida en Texas, Estados Unidos, luego de que la Suprema Corte de ese país rechazó la apelación interpuesta por el mexicano.
"Con su actuar el día de hoy las autoridades de Texas no sólo han puesto en duda la capacidad de este estado de conducir procesos judiciales justos, sino que también ha puesto en duda la voluntad de Estados Unidos para cumplir con sus obligaciones internacionales", indicó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.
"La decisión de las autoridades de Texas de llevar a cabo la ejecución de Tamayo representó un claro desacato a una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que había ordenado suspender tal sentencia en tanto no hubiera una revisión completa de su caso", añadió el mismo.
Édgar Tamayo fue el décimo primer mexicano en recibir la pena capital en ese país desde 1926.
Héctor Tamayo e Isabel Arias, los padres de Édgar, pasaron dos horas con su hijo, a fin de que las otras dos horas autorizadas para esta última visita, fuesen aprovechadas por las dos hijas de Edgar, quienes eran unas niñas cuando su padre fue procesado y sentenciado a muerte por el homicidio de un policía en Houston el 31 de enero de 1994.
El gobierno de México ha dicho que la ejecución de Tamayo viola el derecho internacional, por cuanto no fue informado de su opción a pedir asistencia legal en el consulado de México cuando fue arrestado.
Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, había pedido al gobierno del estado de Texas, en un gesto poco común, que retrasara la ejecución.
Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch también pidieron al gobernador de Texas, Rick Perry, que indultara a Tamayo, toda vez que las apelaciones ante distintos tribunales habían ido fracasando.
El último rechazo llegó de la Corte Suprema de Justicia y el 5° Circuito de la Corte de Apelaciones, que consideró que una apelación para que se considerara a Tamayo como discapacitado mental y, por tanto, inelegible para la ejeución, llegó demasiado tarde.
Tamayo había ingresado al sistema carcelario de Texas, con 26 años, tras la muerte del policía Guy Gaddis ocurrida la noche del 31 de enero de 1994. 
En las horas previas a la ejecución, Tamayo había confesado que estaba "listo" para morir y que veinte años en el corredor de la muerte "son demasiados", según dijeron fuentes penitenciarias.
La ejecución del preso se llevó a cabo a pesar de las numerosas protestas de organizaciones políticas y sociales internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, que denunciaron la falta de un juicio justo y la discapacidad mental leve que sufría Tamayo.

Edgar Tamayo. Foto: Notimex

El estado de Texas actuó de forma negligente, intencionalmente, a lo largo de todo el proceso y hasta la ejecución de Édgar.
Tamayo, como ciudadano de nacionalidad mexicana, nunca fue informado de su derecho a contar con la ayuda legal de representantes del consulado de su país, según denuncia tanto su defensa como las autoridades de México.
Sus abogados aducen que dicha asistencia habría sacado a la luz pruebas que refutan el cargo de homicidio de primer grado o que lo habrían alejado de la pena de muerte.
El condenado sufría una discapacidad mental que no fue argumentada durante su proceso judicial, por el abogado de oficio, así como tampoco pidió las pruebas de coeficiente intelectual para el procesado.

En 2008, un psicólogo diagnosticó a Tamayo una "discapacidad mental leve" que certificó una deficiencia mental y un daño cerebral que el mexicano sufre desde su adolescencia tras un accidente en un rodeo.

En 2002, el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibió la ejecución de reos con discapacidad mental.

Edgar Tamayo fue arrestado en 1994 por el asesinato de un agente policial en Houston: disparó contra el oficial cuando era trasladado esposado a la cárcel, tras ser detenido por asalto, y después se escapó por una ventana de la unidad.

Tamayo estaba entre más de 40 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, falló en 2004, en el llamado Caso Avena, que no les habían informado debidamente de sus derechos consulares.

Édgar aseguraba no recordar nada de dicho acontecimiento debido a la gran cantidad de alcohol que había en su organismo, pero aceptó haber matado al agente ya que no se le permitía comunicarse ni ver a su esposa. Las pruebas que se le hicieron no detectaron residuos de pólvora en sus manos, ni se encontraron su huellas en el arma utilizada para matar a Guy Gaddis.

El gobernador de Texas, Rick Perry, se negó a suspender la pena y mantuvo que el preso mexicano estaba "sujeto a las leyes estatales" y había tenido "un juicio justo".

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ejecución es una "irreparable violación del derecho básico a la vida".

Human Rights Watch, que calificó la ejecución de "aberrante", y Amnistía Internacional, reiteró tras la muerte de Tamayo que ésta "ha puesto en duda la voluntad de Estados Unidos para cumplir con sus obligaciones internacionales".

La ejecución de Tamayo de forma intencional ha violado la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares e ignorado el fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el Caso Avena (2004).