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martes, 10 de septiembre de 2013

Polonia, El corralito polaco, confiscación de planes de pensiones privados, sorprende a sus ciudadanos

El Gobierno polaco anunció la semana pasada que transferirá más de la mitad de los activos de los fondos de pensiones privados al estado.
El pasado miércoles, día 4, un miembro del banco central polaco defendió esta decisión. Ese mismo día el gobierno polaco informaba  que transferirá al estado muchos de los activos de los fondos de pensiones privados para recortar la deuda pública del país. Los analistas consideran que estaría poniendo en peligro el futuro de miles de millones en inversiones nacionales y extranjeras. Aunque se esperaba una reforma de calado, el anuncio del Gobierno fue más lejos de lo que preveían los mercados y está sacrificando su tradicional defensa del libre comercio para calmar a una población golpeada por la crisis económica. La organización de fondos de pensiones de Polonia ha señalado que esta decisión podría ser inconstitucional. Al fin y al cabo, señalan, se estarían confiscando activos privados sin ofrecer una compensación. El primer ministro polaco, Donald Tusk, se apresuró a aclarar esta semana que aunque los fondos privados que se encuentren dentro del marco de aquellos que garantiza el estado se tengan que transferir a un vehículo financiero público, esto no pondría en riesgo las posiciones de los inversores. Anna Zielinska-Glebocka, alta funcionaria del banco central de Polonia, aseguró en una entrevista que concedió a Reuters el jueves y que ha permanecido embargada hasta hoy que su país no alcanzará un crecimiento potencial del 3 al 4 por ciento (un 0,8% más que ahora) sin un estímulo de las inversiones. Ese estímulo reforzaría la demanda doméstica y reduciría la dependencia que tiene el PIB de las exportaciones. Zielinska-Glebocka señaló que "los cambios en el sistema de pensiones son positivos" para impulsar "las inversiones" y que el impacto de las nuevas medidas se sentirá más en 2015 que en 2014.
Esta acción de confiscación de activos privados ya fue realizada en Argentina. Este país ya ha vivido diferentes formas de corralito a lo largo de los últimos 12 años.
En el año 2001, quedaron atrapados en los bancos más de 70.000 millones de dólares, el 3 de agosto de 2012 el gobierno pagó la última cuota del bono que recibieron los damnificados por el corralito. Al final, los ahorradores argentinos vieron confiscados sus saldos bancarios.
El ex ministro de Economía Roberto Lavagna, artífice de la reactivación argentina a partir de 2002, aseguró a la AFP que el corralito fue un "acto desesperado que no hizo más que agravar la situación".
"El corralito, que después fue seguido por el corralón (bloqueo de cuentas corrientes), inmovilizó todos los depósitos del público en los bancos y fueron (ambos) un mal remedio, un intento de no reconocer la realidad", señaló Lavagna, crítico de la convertibilidad con paridad cambiaria uno a uno del peso y el dólar, vigente entre 1991 y 2002. Para el ex funcionario, el corralito dejó "cicatrices en la conciencia colectiva" de los argentinos.
El año 2011, Argentina impuso una nueva modalidad de corralito, después de que se aprobara la medida que restringe la extracción de moneda extranjera con tarjetas de débito a los argentinos que viajan al exterior, caso no dispongan de una cuenta en dólares en Argentina, en el marco de las resoluciones dispuestas por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. Asimismo se limita la adquisición y circulación de la moneda estadounidense en el país. En caso de no disponer de cuenta en dólares se puede salir del país con un máximo de 10.000 dólares.
Volviendo a Polonia, la organización de los fondos de pensiones de Polonia dijo que los cambios pueden ser inconstitucionales debido a que el gobierno se está apropiando de los activos privados en diversas instituciones, sin ofrecer ningún tipo de compensación, según informaba la agencia Reuters.
Al transferir los activos de los fondos privados al sistema estatal, el gobierno puede incluir esos activos en el balance general del Estado para compensar la deuda pública, lo que le ofrece más margen para pedir dinero prestado y gastarlo.
El ministro de Finanzas Jacek Rostowski dijo que los cambios reducirán la deuda pública en alrededor del ocho por ciento del producto interno bruto ( PIB). 
"Esto es peor de lo que muchos en los mercados temían", dijo un gerente de uno de los principales fondos de pensiones, que pidió no ser identificado, para la agencia Reuters. 
Aunque las próximas elecciones no serán hasta el año 2015, algunos analistas creen que estas medidas están influenciadas por las preocupaciones electorales, dado que las mismas afectarán a la política económica, y permitirán al gobierno encontrar posibilidades para incrementar el gasto público. Polonia, tras Chipre, es el segundo país de la Unión Europea en la que sus ciudadanos ven afectados, de una manera u otra, sus activos financieros por intervenciones de los gobiernos, lo que demuestra el poco respeto de éstos hacia los bienes de los ciudadanos y la inseguridad financiera para los ahorradores, que pueden ver años de esfuerzo económico esfumarse en instantes.

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