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| Un grupo de manifestantes, el pasado 20 de julio, defienden el derecho de asilo en las calles de Sidney / Daniel Muñoz (REUTERS) |
Australia
comenzó a aplicar una dura política para los solicitantes de asilo al trasladar
a un primer grupo de cuarenta personas a Papúa Nueva Guinea.
El
primer ministro Kevin Rudd ya había anunciado un endurecimiento de las
políticas de asilo en vísperas de las elecciones de septiembre. A los
inmigrantes sin papeles que lleguen por vía marítima a Australia no se les
tramitará el expediente de refugiados políticos y serán enviados directamente a
Papúa Nueva Guinea, anunció el 19 de julio.
"Marquen
este día en la historia como el día en que Australia decidió dar la espalda a
las personas más vulnerables del mundo, cerró la puerta y tiró la llave",
dijo Amnistía Internacional en señal de repudio por las nuevas
medidas.
Ese
ha sido el primer grupo en ser trasladado tras las aplicación de la nueva
política de inmigración australiana. En Papúa Nueva Guinea tramitarán los
papeles para ser admitidos como refugiados políticos y si son aceptados serán
reubicados en el país papuano.
Australia
ha alcanzado un acuerdo con Papúa Nueva Guinea para que sea este país el que se
haga cargo, en sus centros de detención, de los inmigrantes sin papeles y que
tramiten sus peticiones de asilo político para ser aceptados en el país como
residentes; los que no lo consigan serán devueltos a sus países de origen.
La decisión del primer ministro australiano pretende acabar con el "efecto llamada" que ejerce Australia para muchos inmigrantes sin papeles del sudeste asiático que llegan a sus costas en todo tipo de embarcaciones precarias poniendo en grave riesgo sus vidas.
El gobierno australiano asegura que muchas de las peticiones de asilo por motivos políticos enmascaran una simple inmigración ilegal por motivos económicos. También han vuelto a denunciar las mafias que organizan estos peligrosos viajes que muchas veces acaban en naufragios y con la muerte de los inmigrantes.
La decisión del primer ministro australiano pretende acabar con el "efecto llamada" que ejerce Australia para muchos inmigrantes sin papeles del sudeste asiático que llegan a sus costas en todo tipo de embarcaciones precarias poniendo en grave riesgo sus vidas.
El gobierno australiano asegura que muchas de las peticiones de asilo por motivos políticos enmascaran una simple inmigración ilegal por motivos económicos. También han vuelto a denunciar las mafias que organizan estos peligrosos viajes que muchas veces acaban en naufragios y con la muerte de los inmigrantes.
Cientos
de inmigrantes se han ahogado tratando de llegar hasta Australia. A partir de
ahora los inmigrantes irregulares que llegan en barco serán enviados
directamente a Papúa Nueva Guinea donde esperaran la concesión del asilo o la
repatriación a sus países de origen.
En el último año y medio el número de llegadas de refugiados se ha disparado. La mayoría de las solicitudes de asilo proceden de personas procedentes de Irak, Irán, Sri Lanka, Afganistán y Bangladesh. Los inmigrantes realizan un largo viaje hasta llegar a la isla indonesia de Java, de donde parten en barco hasta la isla de Navidad, la parte más cercana del territorio australiano.
Las normas establecidas hace dos semanas están dirigidas a disuadir a los emigrantes de hacer peligrosos viajes a Australia por mar. En lo que va de año más de quince mil personas han pedido asilo y unas 220 embarcaciones han llegado a las costas australianas.
La decisión del gobierno laborista de Kevin Rudd de endurecer las políticas de asilo en vísperas de las elecciones legislativas que se celebrarán en septiembre no es casual y se enmarca en una medida electoral.
En el último año y medio el número de llegadas de refugiados se ha disparado. La mayoría de las solicitudes de asilo proceden de personas procedentes de Irak, Irán, Sri Lanka, Afganistán y Bangladesh. Los inmigrantes realizan un largo viaje hasta llegar a la isla indonesia de Java, de donde parten en barco hasta la isla de Navidad, la parte más cercana del territorio australiano.
Las normas establecidas hace dos semanas están dirigidas a disuadir a los emigrantes de hacer peligrosos viajes a Australia por mar. En lo que va de año más de quince mil personas han pedido asilo y unas 220 embarcaciones han llegado a las costas australianas.
La decisión del gobierno laborista de Kevin Rudd de endurecer las políticas de asilo en vísperas de las elecciones legislativas que se celebrarán en septiembre no es casual y se enmarca en una medida electoral.
Por
su parte, el ministro de Inmigración de Australia, Tony Burke, dijo que la
nueva política envía una severa advertencia a los traficantes de personas.
Como
parte de su nueva política de inmigración, Rudd indicó que las personas que se
consideren refugiadas se radicarán en Papúa Nueva Guinea.
Rudd
indicó que tiene una responsabilidad para garantizar que Australia tenga un
sistema robusto de seguridad fronteriza al tiempo que cumpla con sus
obligaciones en el marco de la convención de refugiados.
El
anuncio fue hecho en compañía del primer ministro de Papua Nueva Guinea, Peter
O’Neill.
El
año pasado, Australia reabrió un controversial centro para inmigrantes en la
isla de Manus en Papúa Nueva Guinea en un intento por frenar un sostenido flujo
de inmigrantes irregulares que viajaban por mar hacia Australia.
Naciones
Unidas criticó el pasado mes de julio a Australia por las condiciones de vida a
las que se ven sometidos los inmigrantes durante su estancia en el centro de
detención de la isla Manus, en Papúa Nueva Guinea, a la espera de que el país
oceánico les conceda asilo político.
La
presión ejercida por el ente multilateral hizo que Australia sacara a los niños
y a sus familias de esa instalación, y actualmente, sólo hombres solteros que
buscan asilo son detenidos en la misma.
La
inmigración ilegal es un tema que preocupa a la sociedad australiana y el líder
de la oposición, Tony Abbott, que según las encuestas ganará las elecciones, ha
prometido enviar de vuelta a todos los barcos que lleguen a Australia.
El ACNUR y ONGs como Amnistia Internacional han criticado duramente las políticas de Australia y las condiciones de los campos de internamiento en que atiende a los refugiados.
El ACNUR y ONGs como Amnistia Internacional han criticado duramente las políticas de Australia y las condiciones de los campos de internamiento en que atiende a los refugiados.
El
Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se refirió en un
comunicado a las limitaciones extremas en la libertad de movimiento impuestas a
los buscadores de asilo.
El
hacinamiento en los pabellones, los problemas derivados de la falta de higiene
y acceso a los servicios médicos, la poca privacidad y el calor sofocante
dentro del centro de detención, son otras de las condiciones de vida de los
inmigrantes citadas por ACNUR.
Además,
la incertidumbre sobre su futuro y las continuas demoras en la tramitación de
la petición de asilo contribuyen a un estado de frustración que puede derivar
en intentos de suicidio o daños psicológicos.
Los
delegados del organismo de la ONU, que visitaron el pasado junio las
instalaciones en la isla Manus, destacaron que las condiciones "aún son
duras" para los inmigrantes, aunque se han dado algunas mejoras respecto a
su anterior visita en febrero de este año.
Sin
embargo, ACNUR consideró que la situación sigue sin cumplir con los estándares
internacionales vinculados al trato y protección de los solicitantes de asilo.
El
organismo internacional también señaló que se deben implementar reformas
legales en Papúa Nueva Guinea para asegurar un proceso más justo para los
solicitantes de asilo.
La
oficina para los refugiados ha criticado en varias ocasiones la política de
Australia de tramitar las solicitudes de asilo en terceros países.
El
gobierno de Camberra aprobó en agosto de 2012 la apertura de centros de
detención en Papúa Nueva Guinea y Nauru para tramitar las solicitudes de asilo
de los inmigrantes, quienes en caso de ser rechazados son deportados a sus
países de origen.
En
el año fiscal entre 2011-12, 7.379 inmigrantes indocumentados fueron interceptados
cuando viajaban en embarcaciones precarias hacia Australia, de los cuales un 43
% provenía de Afganistán y otro 21 % de Irán, según datos oficiales.
"Para
el director del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en
Australia, Aloysous Mowe, el anuncio gubernamental esconde una realidad simple:
“Un país rico que rechaza honrar sus obligaciones internacionales y que, en
cambio, decide abandonar a los solicitantes de asilo en un país pobre y
sobornar a ese país pobre para que asuma las que deberían ser las obligaciones
de Australia”, explica el padre Mowe en un correo electrónico. Papúa, cuyo
primer ministro, Peter O’Neill, asistió sonriente al anuncio, no participa
gratis en el arreglo. Australia se ha comprometido a pagar la mejora de
hospitales y universidades papúes además de correr con todos los gastos de
alojar y gestionar a los sin papeles", publicaba El País en su edición
digital el pasado 27 de julio.
Ben
Saul, profesor de derecho internacional de la Universidad de Sidney, califica
de "egoísta e inhumana" la política gubernamental porque pretende
ahuyentarlos "amenazándoles con una mala calidad de vida en un país muy
pobre en vías de desarrollo", escribe en un correo para el diario El
País. Papúa no está en guerra pero según los expertos deja mucho que desear
como destino. A nadie se le escapa que es pobre, pero además padece un problema
endémico de violencia, hay 13 veces más delitos que en Australia y ni siquiera
sus propios ciudadanos (6,7 millones de habitantes) tienen garantizado el
acceso a la educación y la sanidad, según detalla el diario Sydney
Morning Herald. El profesor Saul recalca que Australia "tiene
capacidad de ayudar a más refugiados".
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