Los ataques aéreos documentados por Human Rights Watch dejaron un saldo de al menos 152 civiles muertos. Según una red de activistas locales sirios, los ataques aéreos han causado la muerte de más de 4.300 civiles en todo Siria desde julio de 2012.
"La Fuerza Aérea Siria ha efectuado reiterados ataques aéreos contra civiles en forma deliberada e indiscriminada. Estos ataques constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario (leyes de guerra), y las personas que cometen estos abusos intencionalmente son responsables de crímenes de guerra", denuncia HRW.
En el mes de febrero, esta organización denunció que el gobierno de Siria habría lanzado, al menos 4 misiles que mataron a más de 140 personas. Los ataques habrían sido lanzados en áreas densamente pobladas en la ciudad de Alepo y sus alrededores, durante la semana del 17 de febrero, lo que además de una gran cantidad de muertes provocó daños materiales importantes en las zonas bombardeadas.
"En todas las aldeas, encontramos a una población civil aterrorizada por la fuerza aérea de su propio país," indicó Ole Solvang, un investigador de Human Rights Watch que trabaja en contextos de emergencia y visitó las zonas centrales de los ataques, para entrevistar a numerosas víctimas y testigos. "Estos ataques aéreos ilícitos mataron e hirieron a numerosos civiles, y sembraron un camino de destrucción, temor y desplazamiento" continúa diciendo.
Tras inspeccionar las zonas residenciales más afectadas por los misiles, esta organización humanitaria concluyó que no había ninguna evidencia de que existieran, en la zona, blancos militares de los rebeldes al gobierno sirio, que pudieran haber motivado dichos ataques. En consecuencia los mismos pueden considerarse como ilegales bajo las leyes de la guerra y el derecho internacional.
La organización denuncia también el uso de armamento prohibido
internacionalmente como las bombas de racimo, "prohibidas por la mayoría de los países debido a su naturaleza indiscriminada" según señala HRW, por parte del régimen y
métodos de ataque, como el lanzamiento indiscriminado de proyectiles
desde helicópteros que sobrevuelan a gran altura, que no permiten
distinguir entre civiles y combatientes.
La organización informó que había documentado el uso por parte de las tropas gubernamentales de más de 150 bombas de racimo en 119 sitios, desde octubre del pasado año. Por ello, ha instado
"a gobiernos y empresas a cesar inmediatamente la venta o el suministro
de armas, municiones y materiales a Siria ante las evidencias
contundentes de que el Gobierno está cometiendo delitos de lesa
humanidad".
En el informe presentado ayer Human Rights Watch afirma que durante las investigaciones y entrevistas realizadas in situ, la organización reunió información que indica que, en ocho ocasiones,
fuerzas del gobierno efectuaron ataques deliberadamente contra cuatro
panaderías donde civiles estaban formando fila para recibir pan, y
lanzaron artillería contra otras panaderías. Los reiterados ataques
aéreos contra dos hospitales, ubicados en las zonas a las que tuvieron acceso, sugieren de manera contundente que la ofensiva del gobierno
contra estos establecimientos también se llevaron a cabo de manera
deliberada. Cuando HRW visitó ambos hospitales, ya habían
sido atacados siete veces.
El miembro de esta ONG, Ole Solvang comentó que, "El Consejo de Seguridad, debido al veto de Rusia y China, ha fracasado
en la adopción de pasos significativos para proteger a los civiles en
Siria -dijo Solvang-. Esto no debería detener a los gobiernos
concernidos para que aumenten sus esfuerzos de presión al Ejecutivo
sirio para detener estas violaciones".
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